miércoles, 21 de agosto de 2013

Pliego de Peticiones presentado al Ministerio de Medio Ambiente



COLECTIVO SOBERANÍA Y NATURALEZA
PLIEGO DE PETICIONES
AGOSTO DE 2013

En el marco del PARO NACIONAL convocado desde distintas expresiones sociales del pueblo colombiano, y como organización que está en el constante trabajo pedagógico por la de la defensa de la vida, los bienes naturales y la superación de la desigualdad social, consideramos  que el llamado a la reclamación de nuestros derechos además de un ejercicio constante, es, la coordinación y acción conjunta desde la movilización, la protesta y la propuesta.

Ante la inminente y reiterada degradación socio ambiental por la que atraviesa nuestra sociedad, como personas que habitamos la ciudad de Bogotá PRESENTAMOS LAS RAZONES POR LAS CUALES NOS MOVILIZAMOS y frente a las instituciones encargadas de la conservación de los Bienes Naturales como lo es el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible

DENUNCIAMOS:

·         El despojo legal que ha hecho el gobierno mediante creación de leyes que favorecen a las grandes empresas que se adueñan de semillas mediante patentes y pretenden venderlas como si se trataran de bienes privados, y así mismo otras leyes que demuestran el abandono estatal al campesino y la protección a los grandes capitales.

·         La afectación por la entrada en vigor de los Tratados de Libre Comercio que  ponen en riesgo la soberanía del pueblo colombiano , destruyeron economías solidarias, economías campesinas, manipulan el consumo con bajos precios gracias a exenciones arancelarias, mientras los campesinos e indígenas  nos aplican con rigurosidad las leyes tributarias, exigimos al gobierno suspenda los tratados comerciales que afectan a las y los colombianos y así devuelvan la autonomía a los territorios del país.

·         El acaparamiento de tierras mediante la acumulación por desposesión que realizan los palmicultores, el despojo violento que hicieron y hacen los paramilitares, las conexiones comprobadas de bloques de las autodefensas con tierras pertenecientes a empresas palmeras, el despojo legal que hace el gobierno mediante la legislación impuesta.

·         La afectación ambiental que genera la producción de agrocomustibles, la desertificación de los suelos, la quema de bosques para cultivar, la obstrucción de crecimiento de ecosistemas biodiversos en los cultivos de palma, la concentración de tierras en manos de pocos mientras el gobierno habla de paz e igualdad.

  • La utilización de los escenarios comunitarios de Gestión de la biodiversidad para la implementación de  una concepción de la biodiversidad como valor público, en donde no se diferencian las responsabilidades y beneficios, según los intereses de los diferentes actores (entre estos las dinámicas biológicas y ecológicas) involucrados en la gestión, esta utilización    homogeniza el objeto de la gestión de acuerdo con estrategias desarrollistas que perciben a la biodiversidad como “fuente y garantía para el desarrollo y la sostenibilidad (entre otras) de actividades extractivas”.

EXIJIMOS:

  • La recuperación de las cuencas hidrográficas. El AGUA es un bien natural que no es ajeno a la amenza del aumento de la expansión urbana de la ciudad, la pérdida de fuentes de agua y sus ecosistemas son consecuencia  del cambio climático, situación que es profundizada específicamente en la pérdida del ecosistemas de páramo y humedales frente a los proyectos urbanísticos, asimismo, la contaminación de ríos y quebradas (aguas superficiales y subterráneas) por residuos y desechos de actividades industriales en el caso de las grandes industrias de alimentos e industrias extractivas presentes en la ciudad.

  • El respeto a la gestión comunitaria del agua. Los acueductos comunitarios son propiedad colectiva de las comunidades en su legítimo aprovechamiento del entorno natural y social para sus necesidades básicas y su sustento diario, por tanto, la persecución por la vía legal (e ilegal) a este tipo de gestión debe ser reemplazada por el acompañamiento de las instituciones públicas a una tecnficiación y pedagogía social del bien natural.

  • La recuperación del carácter ESTATAL del Acueducto de Bogotá. Rechazamos la presencia de capital privado en la administración del acueducto y alcantarillado que surte de agua y sistema sanitario a la ciudad, así como la tercerización laboral de los y las trabajadores. Frenar las pretensiones expansivas de esta empresa implica el respeto a las fuentes hídricas de los municipios circunvecinos y la negación al Plan Departamental de Agua, así como la renuncia a los planes de generación eléctrica a partir de centrales hidroelećtricas y represas (en todas sus escalas) en los territorios urbanos y rurales del Distrito Capital.

  • Un verdadero cobro del hidrocarburo en el país: Establecemos que los precios de los combustibles son tan elevados que incrementan el costo de vida, los alimentos, el transporte hasta la salud, y por estudios de mercado sabemos que los aproximados nueve mil pesos que se paga por galón, más del 50% son  impuestos establecidos para mantener la guerra.

  • No a la entrega de nuestros bienes a Multinacionales: el descubrimiento de bienes naturales, en lugares de extrema pobreza, no representa la mejora en las condiciones de vida relacionadas con la satisfacción de necesidades básicas en las poblaciones campesinas, indígenas y afro descendientes,  esta intervención deja miseria, desplazamiento y despojo en estas comunidades; Exigimos que las empresas Colombianas empiecen a administrar estos bienes de una manera equilibrada con la madre tierra, recuperando progresivamente el carácter estatal de las empresas petroleras, gasíferas y mineras.

  • Protección de la biodiversidad: Colombia es el segundo país en biodiversidad, por eso exigimos al Estado el respeto las áreas de mayor riqueza y la ponderación entre la necesidad de extraer determinados minerales, en especial el oro, y la protección de los territorios mega diversos. Las áreas decretadas como “reserva estratégica” no hacen referencia a la protección de estos ecosistemas sino a la moratoria de explotación de los mismos; exigimos se revisen los títulos mineros entregados en áreas protegidas (parques nacionales, humedales, páramos, territorios indígenas y afro, áreas marinas, entre otros) y solicitamos se detenga la expedición de más títulos en estos territorios. La expansión de la frontera urbana en Bogotá es insostenible y cada vez se afecta más territorios como el de Sumapaz y Chingaza, lo cual representa una grave amenaza para el suministro de agua y la supervivencia de las especies que allí habitan.

  • Diferenciación entre pequeños y grandes mineros: Es deber del Estado hacer una diferenciación de carácter legal y de políticas públicas frente a los diferentes tipos de minería que se realizan a lo largo y ancho del territorio nacional, por ellos exigimos al Estado no dificultar más la legalización de los mineros tradicionales ya que la normatividad vigente hace imposible que estos dejen de la informalidad. Se debe diferenciar entre minería ilegal y minería informal, las exenciones tributarias a las trasnacionales, basadas en el argumentos de la “confianza inversionista” deben ser revaluadas ya que generan un gran detrimento para la nación, los impuestos deben ser de carácter progresivo (el que más tiene más paga); se debe hacer un seguimiento riguroso a las declaraciones de renta de las grandes compañías ya que se ha evidenciado evasión de impuestos; se debe asegurar unas condiciones dignas de trabajo a los mineros y mineras.

  • Autodeterminación y Respeto de los territorios: Exigimos al gobierno colombiano y al Ministerio de Minas y Energías derogue el Decreto 934 de 2013 ya que vulnera la autodeterminación administrativa de los entes territoriales y de las comunidades afro e indígenas; así mismo exigimos la reglamentación de la Consulta Previa, libre e informada y que haga de este mecanismo una herramienta de obligatorio cumplimiento por parte de las diferentes instituciones. En Bogotá se hace imposible continuar con la extracción minera en plena zona urbana, estos emprendimientos deben ser cerrados no sin antes realizar las tareas de recuperación ecosistémica y geológica  y realizar el correspondiente pago por de los pasivos ambientales.


·         Detener la persecución, incautación y quema  de semillas orgánicas y nativas, con el fin de quebrantar la economía campesina y destruir costumbres ancestrales. Las y los campesinos y agricultores urbanos nos negamos a sembrar semillas certificadas que no son más que semillas manipuladas genéticamente y que favorecen a grandes empresas como Monsanto, además de negarnos a alimentar a nuestros (as) hijos (as) con estos alimentos a sabiendas de los efectos negativos en la salud humana. Por lo anterior exigimos que el gobierno respete la autonomía de los sembradores, derogue las leyes del despojo como la ley 1518 de abril 23 de 2012, por medio del cual se aprueba el Convenio Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV 1991, como también la Resolución 970 de 2010 del ICA y las que favorecen a el sector privado causando la perdida de soberanía alimentaria en nuestros territorios

·         La renuncia a la declaración de derecho a los agrocombustibles, mientras niegan el derecho a la tierra, al agua, a la educación, a la vida digna, por lo anterior exigimos que el gobierno asuma la responsabilidad de las causas del conflicto y esté dispuesto a concretar una propuesta soberana de tenencia de la tierra, que respete la soberanía de los territorios y permita la construcción de planes de vida digna.

  • El  cuidado de los bienes de la Naturaleza y de la vida, así como la protección  de los saberes y practicas ancestrales de mecanismos mercantiles y la generación de una igualdad ecológica destinada al buen vivir de la vida en el planeta.


Por lo anterior PROPONEMOS:

  • Una ley orgánica de hidrocarburos: las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, proponemos crear una verdadera ley que comprenda toda la dinámica que implica al ser humano en la extracción de este bien natural, que sea con un trabajo digno, una remuneración y distribución de la renta petrolera de una manera adecuada a las poblaciones afectadas, que se extraiga lo necesario para el consumo interno, que sea una extracción equilibrada de todo el recurso (bien) natural.

  • El rescate de la diversidad colectiva y popular en la gestión, no subordinada, de la biodiversidad en escenarios decisorios; con variedad de instrumentos y metodologías propias. Materializada en variados ordenamientos territoriales, que permitan la soberanía, autogestión, apropiación y transformación para intereses colectivos de las comunidades.

COLECTIVO SOBERANÍA Y NATURALEZA
En defensa de la permanencia en el Territorio
Territorios con Soberanía, Naturaleza con Derechos, Pueblos con Dignidad

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